- Cuantifica la llamada "economía sumergida" entre el 23 y el 25% del PIB, mientras que en los primeros quince países de la UE esta cifra oscila entre el 10 y el 12%. Son 245.000 millones de €, que suponen, según la carga fiscal de 2007, una pérdida de recaudación cada año de hasta 90.000 millones de €.
- Rebajando en diez puntos porcentuales la economía sumergida para acercarla a niveles similares a los de la media europea, podrían recaudarse hasta 38.500 millones de €, 25.000 en impuestos y 13.500 en cuotas de la Seguridad Social. Si tenemos en cuenta la reforma fiscal que expuse en la entrada anterior y le añadimos otras medidas tales como la introducción de un tipo superelevado de IVA para los productos de lujo (por ejemplo, el 25% como propone Izquierda Unida) o medidas de la llamada "fiscalidad verde" (impuestos que graven la contaminación del medio ambiente, como propone Iniciativa per Catalunya-Verds), ascendería la recaudación por la lucha contra el fraude mucho más. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el déficit de las cuentas públicas es de 120.000 millones de €, estaríamos hablando de reducir al menos un tercio del mismo.
Tras esta batería de datos, la pregunta que surge es: ¿quién es quien no paga impuestos? La respuesta es fácil, son las rentas altas no asalariadas, los grandes patrimonios personales y las grandes empresas. Siguiendo con los datos de Gestha:
- 1.550.000 empresarios y profesionales declaran 7.400 € menos que la media de los asalariados (estamos hablando entre esos profesionales de médicos con consultas privadas, arquitectos con estudios propios, dueños de bufetes de abogados, etc; gente que tiene un alto nivel de vida que no podría mantener de cobrar lo que realmente dice).
- 1.740.000 empresarios que declaran en módulos le dicen a Hacienda que cobran 9.000 € menos que la media de asalariados. El sistema de módulos facilita la emisión de facturas falsas y genera un fraude social sangrante (hijos de ricos que se benefician de becas públicas altísimas).
Cruzando los datos de los declarantes del suprimido impuesto de patrimonio con los datos de la banca se obtienen también resultados interesantes, pues mientras que 2.525 personas declaraban un patrimonio total de entre 6 y 30 millones de € y sólo 132 más de 30 millones de €, según la banca privada existen en España unas 400.000 personas con más de 300.000 € invertidos en activos financieros. De ahí se extraen las siguientes conclusiones:
- Las mayores bolsas de evasión fiscal se dan en el capital mobiliario e inmuebles, pues representan el 93% de todos los bienes y derechos declarados.
- Defraudan a la Agencia Tributaria el 86% de quienes tienen un patrimonio superior a 10 millones de €, el 45% de quienes tienen entre 1 y 10 millones y el 18% de los poseedores de entre medio y un millón de €.
El estudio sobre los declarantes del IRPF (impuesto sobre la renta) también arroja unos datos que no son creíbles: sólo declararon ingresar más de 60.000 € anuales el 4% de los declarantes, de los cuáles casi el 90% son empleados cualificados o directivos, asalariados al fin y al cabo, que son fáciles de controlar por la Agencia Tributaria.
Puestas las cartas sobre la mesa, hay que reclamar la adopción de medidas eficaces para la lucha contra el fraude fiscal:
- La dotación de muchos más medios materiales a la Agencia Tributaria y de una mejor organización y distribución del trabajo, para que sea más eficaz en su labor. Los países más avanzados de la UE tienen una plantilla hasta ocho veces mayor a la nuestra e invierten mucho más dinero en la recaudación de impuestos. Suecia invierte treinta veces más. Se crearían casi 200.000 puestos de trabajo en estos tiempos de tanto paro y hay que tener en cuenta que toda inversión en luchar contra el fraude fiscal se amortiza con enormes creces: cada euro que se destina a la lucha contra el fraude permite recuperar muchos más.
- La habilitación legal a la Agencia Tributaria para llegar hasta el fondo de la economía sumergida. Por extraño que parezca, los inspectores de Hacienda tienen las manos muy atadas legalmente a la hora de inspeccionar SICAVs y otras sociedades.
- La corrección al alza del delito fiscal, ya que éste actualmente prescribe a los cuatro años y las penas son relativamente bajas. Un aumento hasta los diez años en la prescripción, por ejemplo, permitiría combatir la impunidad que supone defraudar y aguantar cuatro años. Por otro lado, un aumento en el castigo de la pena cumpliría una función desincentivadora de evadir impuestos. Si el futuro infractor conoce que el castigo es grave se lo pensará dos veces antes de cometer el delito.
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