El pasado lunes incluía entre sus páginas el diario Público un artículo de opinión del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri que me parece muy relacionado con los temas que estoy tocando en estos compases iniciales de mi blog. En dicho artículo, el autor apostaba claramente por la sostenibilidad del Estado del Bienestar aportando argumentos muy interesantes que coinciden con los que planteé el primer día en el Decálogo. Explicaba claramente cómo han sido las reformas fiscales regresivas (que benefician a los que más recursos económicos tienen) y la ausencia de una lucha vigorosa contra el fraude fiscal las culpables del enorme déficit. De hecho aportaba un dato que me parece clarificador: como sabemos, el déficit en las cuentas públicas en 2009 fue del 11'4% del PIB. Esta abultada cifra provocó que sonaran todas las alarmas en los mercados financieros y puso en tela de juicio la solvencia de la deuda pública española, cuando en realidad es una de las más bajas del mundo (sí, digo bien, del mundo). Pues bien, este catedrático sostiene, poniendo los datos sobre el tapete, que de no haberse llevado dichas reformas fiscales regresivas y de haber luchado más activamente contra el fraude fiscal nuestro déficit habría sido del 5'8% del PIB, una cifra sin duda más aceptable. A esta conclusión llega mediante un estudio comparativo con el promedio de la UE: mientras que entre 2007 y 2009 la caída de nuestro PIB fue menor que en la media de la UE, los ingresos sí cayeron seis veces más. Si a esto le unimos que nuestra presión fiscal ya era inferior a dicha media...¡voilá!, tenemos unos ingresos diez puntos porcentuales por debajo de dicha media y un déficit del 11'4% del PIB.
Esa es la realidad: lo que es insostenible no es nuestro Estado del Bienestar, que precisamente urge reforzarlo, sino una política fiscal tan irresponsable. El autor concluye el artículo restando importancia a aquellos dogmas del credo neoliberal que insisten en que subir los impuestos a los más ricos deprime la economía y fomenta las deslocalizaciones, pues afirma que estos análisis superficiales ignoran los beneficios del estímulo de la demanda vía gasto público y también sobrevaloran la influencia de los impuestos en la deslocalización. Además, sentencia el autor que una política fiscal progresiva es una exigencia ética irrenunciable en un Estado social y democrático de Derecho, habrá que perseguir el dinero allá donde se refugie.
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