Uno de los componentes más sangrantes que está teniendo la crisis económica está siendo la ausencia de un flujo de crédito dirigido a financiar la actividad productiva. Realmente, lo que ha venido pasando en los últimos años es que con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, debido a la cultura del empleo precario y de poco valor añadido alentada por el boom inmobiliario, la economía real se ha debilitado y la inversión privada en ella se ha hecho menos rentable que invertir en la economía especulativa. Es lo que se conoce como financiarización de la Economía, fenómeno que origina la creación de burbujas especulativas y que es culpable de la crisis financiera, porque cuando esas burbujas estallan, esa economía, más virtual que real, que no tiene ningún soporte físico, se traslada a la economía real y ahí es cuando comienza la destrucción de empleo.
Por ello es necesario reinventar el concepto de banca, crear una banca con sentido social que no financie la actividad especulativa y permita que el crédito fluya hacia las PYMES y las familias, en condiciones no abusivas, regulando y castigando la usura para generar confianza en el ciudadano de a pie. Para ello es necesario que el sector público se implique e intervenga en la banca y en la Economía, como permite nuestra Constitución en su título VII. Algunos hablan de nacionalización de las cajas de ahorro, otros de la nacionalización de toda la banca, otros hablan de una colaboración público-privada... Eso se lo dejo a los expertos de izquierdas, yo no tengo la formación necesaria. Lo que si tengo claro es que tiene que haber alguna intervención para que se garantice que el crédito fluya a la economía productiva, para penalizar las prácticas especulativas que han causado la crisis y para que la banca basada en criterios éticos sirva como motor de creación de empleo estable, digno y de calidad. También tengo claro que el problema de las cajas viene de que éstas se comporten como bancos (lo hemos visto con Cajasur) y la privatización parcial o lo que sea que se esta tramitando en el Congreso de los Diputados ahondará en ese problema, aparte de que suscita la cuestión ética de si es legítimo transvasar miles de millones de capital público a manos privadas.
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