Para navegantes pensadores

El actual Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, ante la situación de desafección ciudadana hacia nuestro sistema político, lleva toda su legislatura anunciando un “ambicioso” paquete de medidas de regeneración política. Me quiero detener en la última medida que ha anunciado a bombo y platillo como gran solución: la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General consistente en que acceda a la Alcaldía de los Ayuntamientos por imperativo legal la lista electoral más votada. De llegar a aplicarse tal medida, se eliminaría de un plumazo la posibilidad de coaliciones de gobierno en los municipios de nuestro país. A mi juicio, he de reconocer en primer lugar que, a veces, se forman en nuestros municipios unas coaliciones de gobierno local que desdibujan claramente la voluntad ciudadana expresada en las urnas (véase, por ejemplo, el caso actual de Marmolejo). Sin embargo, me parece muy peligroso imponer a golpe de Ley a la ciudadanía el gobierno de la lista más vot...

El art. 124.1 de nuestra Constitución consagra al Ministerio Fiscal como un agente que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. A mi juicio, una suerte de “abogado de la sociedad”, que ejerce como “acusador público” o se inhibe de hacerlo según corresponda. No obstante, en nuestro país, al igual que en muchos otros de nuestro entorno, la institución del Ministerio Fiscal adolece de un “defecto constitucional”, es decir, que su regulación constitucional es defectuosa en un aspecto: la elección del Fiscal General del Estado, que materialmente recae en el Gobierno según el artículo 124.4 de la Constitución. Si tenemos en cuenta que los y las fiscales están sujetos al principio de dependencia jerárquica (no son independ...