El actual
Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, ante la situación de
desafección ciudadana hacia nuestro sistema político, lleva toda su legislatura
anunciando un “ambicioso” paquete de medidas de regeneración política. Me
quiero detener en la última medida que ha anunciado a bombo y platillo como
gran solución: la reforma de la Ley Orgánicala Alcaldía de los
Ayuntamientos por imperativo legal la lista electoral más votada. De llegar a
aplicarse tal medida, se eliminaría de un plumazo la posibilidad de coaliciones
de gobierno en los municipios de nuestro país.
A mi juicio,
he de reconocer en primer lugar que, a veces, se forman en nuestros municipios
unas coaliciones de gobierno local que desdibujan claramente la voluntad
ciudadana expresada en las urnas (véase, por ejemplo, el caso actual de
Marmolejo). Sin embargo, me parece muy peligroso imponer a golpe de Ley a la
ciudadanía el gobierno de la lista más votada: en ocasiones, la lista más
votada apenas supera el 30 % de los votos válidos emitidos ¿Qué ocurre entonces
con el restante 70 %? El Gobierno ha matizado después su oferta planteando que
para imponer el gobierno de la lista más votada, ésta tenga que alcanzar la
barrera del 40 % y que la segunda lista más votada no alcance el 35 %. No obstante, sigo pensando que cualquier barrera será siempre
arbitraria ¿Por qué el 40 % y no el 42’38, por ejemplo? Me da a mí, aun arriesgándome
a que me llamen malpensado, que lo que pretende el PP es hacerse un traje a
medida: la aparición de PODEMOS en el escenario político español ha fragmentado
enormemente el voto de izquierda en las pasadas europeas y el PP pretende
capitalizar esta circunstancia de cara a las próximas municipales, que serán el
año que viene. Pese a la pérdida de apoyo social, el PP sigue aglutinando la
mayoría del voto de derechas, con lo que incluso perdiendo la mayoría absoluta
en muchos municipios, podría revalidar numerosas alcaldías con mayoría simple,
sobre todo en los grandes núcleos urbanos como Madrid, Sevilla, Valencia… Si a
esto le añadimos el hecho de que su reforma local, ya aprobada, traslada la
toma de algunas decisiones del pleno de los ayuntamientos a las juntas de
gobierno, ahí tenemos perfectamente apuntalado el poder municipal del PP aun en
minoría, siempre que conserven la mayoría simple, que no es ni más ni menos que
la minoría mayoritaria, pero minoría al fin y al cabo.
Mención aparte
merece la reforma del sistema electoral aprobada por María Dolores de Cospedal
en Castilla-La Mancha, que será emulada por otras Comunidades Autónomas
gobernadas por el PP tales como Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana... Con la
excusa del ahorro y de la austeridad, se reducen parlamentarios, de 53 a 33 (ella misma en esta
misma legislatura hizo lo contrario, acrecentar su parlamento autonómico de 49 a 53). El ahorro que se
consigue con esta medida es mínimo pero sus efectos políticos son nítidos: al
aplicar la fórmula matemática de D’Hont, que traduce votos en escaños, cuantos
menos escaños haya en disputa, el error aritmético que se comete es mayor, es
decir, que hay más votos que se pierden (lo mismo ocurriría con cualquier otra
fórmula que se utilizase). Se torna muy difícil para un tercer o cuarto partido
político obtener representación parlamentaria, con lo que una mayoría simple en
votos del PP se convertiría casi con total seguridad en una mayoría absoluta
parlamentaria e incluso según se haga el reparto provincial de escaños (¡que no
se conocerá hasta dos o tres meses antes de las elecciones!) podría darse la
paradoja de que sin ser la lista más votada obtenga mayor número de escaños que
la lista más votada.
En conclusión,
un sistema electoral puede convertirse en el traje a medida de un partido.
Siempre cabe la posibilidad de que el “traje” se vuelva en contra de quien lo
confecciona y ejemplos hay de ello, pero una buena dosis de oscurantismo,
desproporcionalidad y exclusión de las minorías ayuda a que eso no ocurra ¿Qué
alternativas propone quien escribe? Elección de alcaldías y presidencias
autonómicas y generales a doble vuelta, mejorar la proporcionalidad de los
sistemas electorales y mantener las listas cerradas pero desbloqueándolas, para
que el votante pueda emitir sus preferencias.
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