Mucho se ha hablado en los últimos
tiempos de la necesidad de reforzar la calidad de nuestro sistema democrático,
fundamentalmente a raíz de que la crisis económica revelara sus efectos más
amargos en la población, los gobiernos empezasen a fallar en sus previsiones y
actuaciones, se viesen superados por los acontecimientos, comenzasen a
incumplir sus compromisos electorales por encima de un nivel tolerable (es
prácticamente imposible atender con éxito todos ellos) y a tomar medidas
consideradas impopulares. Todo ello, que en España se apreció con especial
intensidad entre 2009 y 2013, máxime si añadimos la aparición de numerosos
casos de corrupción que afectaban a los partidos más relevantes; generó en gran
parte de la ciudadanía un sentimiento de indignación colectiva, de desafección
ciudadanía hacia la forma en la que se estaba haciendo política, hacia la clase
dirigente en general y hacia el sistema político mismo. Muchas cuestiones que
se daban por aceptadas y consolidadas pasaron a estar en tela de juicio.
Fruto de ello, en España apareció el
movimiento cívico 15-M, en referencia
a las manifestaciones que comenzaron en toda España el 15 de mayo de 2011, las
cuales propugnaban una nueva y mejor forma de entender y hacer la política,
poniendo a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones públicas, para
lo cual reclamaban canales de participación política más amplios, mecanismos de
rendición de cuentas de los representantes públicos más efectivos y controles y
sanciones más robustos que acabasen con los abusos, los privilegios y las
corruptelas. El 15-M también cometió
errores, a mi juicio, puesto que algunas de sus propuestas eran ambiguas o,
sencillamente, inviables. Además, hay quien ha intentado apropiarse por
completo del espíritu del 15-M, que
yo entiendo que es patrimonio inmaterial de toda la sociedad. Sin embargo, prefiero quedarme con su
espíritu de cambio y el hecho de que, tras su aparición, muchos partidos
políticos comenzaron a incorporar en sus programas y documentos políticos, con
mayor o menor intensidad, algunas de sus propuestas. Hasta el nacimiento de
este movimiento cívico, algunas de esas medidas habían sido defendidas casi
exclusivamente por partidos de tamaño no muy grande como Izquierda Unida (IU) o Unión,
Progreso y Democracia (UPyD). El partido Podemos se considera heredero directo del 15-M y es cierto que nació en 2014 incorporando gran parte de sus
reivindicaciones pero también es cierto que mi partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), unos meses antes (a finales
de 2013), ya incluyó en las conclusiones de su Conferencia Política gran parte
de ese espíritu (a mi juicio, la mejor parte, de forma más plausible). En un
partido tan asentado en el sistema como el PSOE
entiendo que tiene más mérito porque son más las inercias que hay que vencer
pues, por ejemplo, supone hacer un ejercicio de autocrítica, el cual se llevó a
cabo. Se puede discutir si fue suficiente, poca o nos pasamos de frenada, pero
hubo autocrítica y tangible (se pueden consultar las hemerotecas y los
documentos). En el extremo contrario, y siento ser tan tajante, tenemos al Partido Popular (PP), que gobierna
España desde finales de 2011. Su idea de la desafección política y la
regeneración democrática es muy limitada, hablando muy eufemísticamente:
durante su último mandato ha aprobado algunas medidas pero insuficientes, no
pretende “abrir más el melón” de la participación ciudadana explorando nuevos
mecanismos de participación ciudadana o una auténtica reforma de la Ley Electoral
(diga lo que diga el documento pactado con Ciudadanos) y, lo que es más grave, está
lastrado por los casos de corrupción que le afectan, casos que podrían venir de
hace más de treinta años y que superan con creces a los casos que afectan o han
afectado al resto de partidos.
Una vez explicado en qué consiste la
desafección ciudadana hacia la política, voy a esbozar una definición de lo que
es la regeneración democrática, una expresión que, como he dicho al principio,
está muy en boga y ha entrado de lleno en la agenda política. Podríamos
entenderla, salvo criterio mejor fundado que el mío, como una estrategia
integral de reformas normativas a todos los niveles político-administrativos
encaminada a mejorar la calidad y la fiabilidad de nuestra democracia. Dicha
calidad viene dada por la existencia de instituciones transparentes, objetivas
y eficaces dentro de un marco de separación equilibrada de los poderes públicos;
instituciones que establezcan los incentivos, las obligaciones y las sanciones
necesarias para garantizar que sean ocupadas por personas honestas y bien
preparadas para el desempeño de las atribuciones inherentes al cargo
correspondiente y seleccionadas por criterios democráticos o meritocráticos,
según la naturaleza de cada uno; y que reproduzcan fielmente la voluntad
ciudadana, porque si por algo se caracteriza (o se debe caracterizar) la
democracia es porque la ciudadanía ostenta el poder político, de ella nace la
soberanía nacional. Para que esto sea una realidad, el pueblo debe gozar del
máximo acceso en formatos fácilmente manejables a la información políticamente
relevante (veraz y contrastable, obviamente) que resulte razonable (el sentido común aconseja que ciertos asuntos
de seguridad o de protección de datos personales sean excluidos de las
políticas de transparencia) y de todos los mecanismos de participación y decisión
que sean compatibles con unos niveles aceptables de eficacia gubernamental (el
asamblearismo, por ejemplo, que extiende el ideal democrático a su máxima
expresión, es totalmente ineficaz a la hora de adoptar decisiones políticas;
sin embargo, sí que se podría facilitar la presentación de iniciativas
legislativas populares, consultar de vez en cuando a la ciudadanía por vía de
referéndum sobre cuestiones de especial trascendencia...).
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