Republicanismo como proyecto político para España

He redactado este artículo, titulado Republicanismo como proyecto político para España, por las siguientes razones: en primer lugar, quiero tratar este tema para contribuir desde mis convicciones más profundas y con lealtad al debate ideológico que se está produciendo en el seno del PSOE de cara a su próximo Congreso Federal Ordinario, que tendrá lugar en junio. Y en segundo lugar, porque considero que España es un proyecto de convivencia que merece la pena conservar, dado que existen múltiples lazos, afectos, vínculos… En definitiva, un sentimiento colectivo sólido de pertenencia a una comunidad determinada conviviendo juntos como compatriotas, con una Historia, una cultura y unos objetivos similares. Dicho sentimiento de pertenencia comunitaria se traduce en una voluntad mayoritaria en la ciudadanía española de seguir conviviendo juntos, que es lo verdaderamente importante; no obstante, para que esa convivencia sea plenamente armoniosa, hay que construir una España mejor y, cuando digo mejor, me refiero a una España más justa, democrática, respetuosa con los derechos humanos y avanzada socioeconómicamente. Me precio, por ello, de ser un patriota en el mejor sentido del término, es decir, alguien que desea un país abierto y acogedor en el que se viva bien, con libertad y oportunidades, sin miedo de ninguna clase; un país avanzado social, política, económica y culturalmente. Hablar de esencias, de pasados imperiales o exacerbar la existencia de un genio nacional propio y trascendental (llámese etnia, lengua o destino histórico), sinceramente, no me interesa: nuestra Historia, nuestras manifestaciones culturales, nuestras lenguas y nuestras costumbres están para enriquecernos personalmente y como pueblo pero no para dividir, segregar, discriminar, imponer o excluir.

 

¿Por qué republicanismo? Porque como ha expresado el filósofo José Luis Villacañas en su reciente libro «Populismo», el republicanismo es el mejor antídoto frente al injusto neoliberalismo y también frente al populismo, que entraña no pocos peligros. Pero, ¿en qué consiste dicho sistema político?República procede etimológicamente de la expresión latina res publica, que significa ‘cosa o asunto público’. El republicanismo, por tanto, se preocupa por lo público. Construir República es fortalecer la separación de poderes, mejorar los servicios públicos, poner coto a los poderes no electos (lobbies, capital, Iglesia…), empoderar a la sociedad civil recuperando y ampliando derechos, implementando protocolos de rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y abriendo nuevos canales de participación ciudadana. Se trata, en consecuencia, de reforzar los atributos del Estado (social, democrático y de Derecho), ampliando y adaptando a nuestros días el catálogo de derechos y garantías, exigiendo los deberes de forma más justa y eficiente y regenerando nuestro sistema democrático y, en general, todo nuestro esquema institucional. Hace falta, como podemos imaginar, mucho republicanismo en nuestro país, lo cual no significa en absoluto limitarse al carácter de la jefatura del Estado, aunque también voy a referirme a ello al final.

 

A continuación, quiero exponer un catálogo con algunas pautas que considero oportuno adoptar en clave republicana:

• En materia de identidad nacional y organización territorial del Estado, España debe continuar siendo una nación soberana e indivisible al tiempo que se avance hacia una organización federal del Estado que mejore la autonomía política de las unidades que la integran y los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre el Estado central y las Comunidades Autónomas (principio de lealtad federal). Además, se debe reconocer el carácter nacional de aquellas comunidades autónomas que así lo deseen sin negar el de España. En otras palabras, aquello que se ha venido en llamar nación de naciones o Estado plurinacional, si bien prefiero la primera expresión porque hace hincapié en que España no es solo la suma de unas naciones que se constituye como Estado, sino que también posee sustantividad nacional propia. Hay pueblos en España que poseen una sensibilidad o conciencia nacional propia que, como digo, es perfectamente compatible con el carácter nacional de España y debe ser reconocida porque esos pueblos se han ganado el derecho. Dicho carácter nacional confiere el derecho al máximo nivel de autonomía política que se reconozca en el marco de la renovación constitucional que debemos llevar a cabo la ciudadanía española. En ningún caso debe conferir el derecho de autodeterminación a ninguna de dichas naciones sin Estado, ni privilegio alguno ni capacidad para eludir los principios de lealtad federal y solidaridad interterritorial.

• En materia de derechos, hay mucho que recuperar, derogando el grueso de la labor legislativa llevada a cabo en la primera legislatura de Mariano Rajoy: la LOMCE, las reformas laboral y local o la llamada “Ley Mordaza”, entre otras. Sin embargo, no basta con derogar, necesitamos una buena legislación alternativa, que sea garantista y consensuada con los agentes sociales y políticos implicados. Además, hay que recuperar el carácter universal de la sanidad pública, el poder adquisitivo de las pensiones -e incluso incrementar el de las más bajas-, el poder de la negociación colectiva en las relaciones laborales, revertir la bajada en la cobertura de desempleo, etc. También debe implementarse un ingreso mínimo vital para aquellas familias carentes de empleo e ingresos. Ninguna persona en España debe carecer de los mínimos que garantizan una vida digna (alimentación, techo, electricidad, agua, gas...).

• Garantizar los derechos sociales cuesta dinero, dinero público que hay que recaudar por vía impositiva, fundamentalmente. Hay que reformar en profundidad el sistema tributario, hacer que pague más quien más riqueza posea y, en la medida de lo posible, ir liberando fiscalmente a quienes menos recursos económicos poseen. Además, hay que perseguir con mayor eficacia el fraude fiscal, la corrupción y, en general, la llamada delincuencia de “cuello blanco”, dotando de más recursos legales y humanos a la Agencia Tributaria y a los demás cuerpos encargados de perseguir este tipo de infracciones (UDEF, Fiscalía Anticorrupción, juzgados de instrucción...). Respecto de la Agencia Tributaria, es preciso también aprobar un Estatuto propio que refuerce su eficacia y su independencia; por ejemplo, eligiendo a su presidencia por mayoría cualificada del Congreso y dotándolo de un mandato desfasado con el de las Cortes Generales. Algo similar propongo en el caso de la Airef, (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), en el de la Fiscalía General del Estado, el de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el del gobernador del Banco de España, el de RTVE, el de la CNMC... Y, por supuesto, hay que prohibir expresamente las amnistías fiscales en la Constitución y revertir los efectos de la que se produjo en 2012. Y hablando de la Constitución, también es preciso reconocer que fue un error la reforma constitucional exprés de 2011: la estabilidad presupuestaria es muy sana y necesaria pero no puede ser a costa de la cohesión social o de las políticas públicas. Por ello, hay que reformar de nuevo el artículo 135 de la Constitución para armonizar todos los intereses en juego en lugar de que la reducción del déficit y el pago de la deuda pública gocen de prioridad absoluta.

• La regeneración democrática, algo de lo que se habla mucho y que ha entrado con fuerza en la agenda política, viene a ser una estrategia integral de reformas normativas a todos los niveles político-administrativos encaminada a mejorar la calidad y la fiabilidad de nuestra democracia. Dicha calidad viene dada por la existencia de instituciones transparentes, objetivas y eficaces dentro de un marco de separación equilibrada de los poderes públicos; instituciones que establezcan los incentivos, las obligaciones y las sanciones necesarias para garantizar que sean ocupadas por personas honestas y bien preparadas para el desempeño de las atribuciones inherentes al cargo correspondiente y seleccionadas por criterios democráticos o en función del mérito y la capacidad, según se trate de un cargo de naturaleza política o de naturaleza administrativa, judicial o similar; y que reproduzcan fielmente la voluntad ciudadana, porque si por algo se caracteriza -o se debe caracterizar- la democracia es porque la ciudadanía ostenta el poder político, de ella nace la soberanía nacional. Para que esto sea una realidad, el pueblo debe gozar del máximo acceso en formatos fácilmente manejables a la información políticamente relevante que resulte razonable (el sentido común aconseja que ciertos asuntos de seguridad o de protección de datos personales sean excluidos de las políticas de transparencia) y debe gozar también de mecanismos reales y efectivos para que representantes políticos y altos cargos rindan cuentas y su gestión sea evaluada con rigor, independencia y desde diferentes perspectivas (oficinas parlamentarias de atención a la ciudadanía, regulación de los debates públicos, facilitar los mecanismos de control parlamentario al Gobierno tales como las preguntas parlamentarias, la creación de comisiones de investigación, etc.). El sistema electoral también hay que reformarlo para mejorar su proporcionalidad y desbloquear las listas electorales, a fin de realizar una asignación de escaños más justa y de que el electorado pueda emitir sus preferencias alterando el orden de la candidatura escogida. Por último, deben abrirse todos los canales de participación y decisión que sean compatibles con unos niveles aceptables de eficacia gubernamental (el asamblearismo, por ejemplo, que extiende el ideal democrático a su máxima expresión, es totalmente ineficaz a la hora de adoptar decisiones políticas; sin embargo, sí que se podría facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares, establecer protocolos de gobierno abierto, abrir también a la ciudadanía la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, iniciativas de reforma estatutaria y constitucional, solicitar la convocatoria de referéndums…). Apostar decididamente por la regeneración democrática es poner al ciudadano en el centro del ágora, de la vida pública, que cívicamente esté bien formado e informado para conocer sus derechos, deberes e intereses y, en función de ellos, exija responsabilidades a los servidores públicos y participe políticamente. Como es obvio, la depuración de responsabilidades públicas y la participación política no pueden limitarse a votar en los comicios electorales cuando toque: democracia representativa y democracia participativa pueden y deben ir de la mano, creando lo que filósofos como Habermas han definido como «democracia deliberativa».

• En último lugar, deseo que España sea una República, porque la persona que ostente la jefatura del Estado debe representar los mejores valores y aspiraciones de su país, lo que, a mi juicio, se consigue mejor si el Estado es republicano en lugar de una monarquía: la máxima instancia del país debe ser un reflejo fiel del mismo y gozar de legitimación democrática. Con ello no pretendo en absoluto socavar la legitimidad constitucional de Felipe VI, quiero dejar esto muy claro; tan solo afirmo que soy más partidario de la forma republicana de Estado. Por ello, propongo que se abra el debate públicamente y se constituya una subcomisión ad hoc en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados. Tras un debate calmado, racional y “a fuego lento”, se debería convocar un referéndum consultivo de acuerdo con el artículo 92 de nuestra Constitución y, si el resultado es favorable a cambiar la forma política de nuestro Estado, habría que activar el procedimiento de reforma constitucional agravado, contemplado en el artículo 168 de nuestra suprema norma.